El Defensor del Profesor llama la atención sobre los perjuicios que suponen para el ejercicio de la docencia los casos de conflictividad en los centros de las Islas. El servicio de apoyo a docentes víctimas de agresiones y otros incidentes, prestado por ANPE, recoge en su memoria del curso 2023-2024 un incremento de los problemas para dar clase a raíz de este tipo de situaciones. La memoria fue presentada el pasado viernes en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.
Los incidentes comunicados por el personal docente a El Defensor del Profesor en Canarias aumentaron el curso pasado cerca de un 4% en Canarias, hasta alcanzar los 163, y acumulan ya cuatro años consecutivos de ascenso.
Se trata de la segunda mayor cifra de casos atendidos en los dieciséis años que lleva funcionando en Canarias el servicio, superando precisamente al curso anterior, 2022-2023, que era hasta ahora el segundo curso más conflictivo en este sentido. El número se acerca mucho al pico de 168 casos registrado el año previo a la pandemia de COVID-19 (2018-2019).
Entre los factores que contribuyen a estos datos, nuestro presidente autonómico, Pedro Crespo, apunta al excesivo número de alumnos por aula, a la falta de más especialistas de orientación educativa y de auxiliares educativos, y a la excesiva carga de tareas burocráticas que soporta el profesorado y que le dificulta centrarse más en la atención directa al alumnado.
El coordinador de El Defensor del Profesor en la provincia de Las Palmas, Bernardo Huerga, destaca que, una vez más, el número más alto de incidentes y la mayor subida se acumulan en la enseñanza secundaria, con un total de 91 casos en toda Canarias, un 5,8% más que el curso anterior. Suponen ya el 56% de las situaciones atendidas.
Huerga hace hincapié en las consecuencias que este tipo de conflictos tiene para la salud del profesorado. En este sentido, el curso pasado se incrementaron los problemas de ansiedad, los casos de depresión y las bajas del profesorado asociados a incidentes con el alumnado y sus familias. Según se refleja en la memoria, un 49% de los docentes que denunciaron situaciones de conflictividad padeció ansiedad, alrededor de un 8,6% sufrió depresión y cerca del 20% se vio obligado a coger la baja por otras causas vinculadas a los casos denunciados.
Problemas más frecuentes
Como es habitual, los problemas más frecuentes reportados por el profesorado estuvieron relacionados con el alumnado. El principal lo constituyen las dificultades para dar clase: se dio en el 53% de los casos comunicados. A continuación se sitúan las amenazas y las faltas de respeto a docentes, que aparecen en un 44% y un 34% de los casos, respectivamente. En cuarto lugar, figura un problema protagonizado por padres y otros familiares del alumnado, las denuncias a docentes (17%).
Las agresiones físicas al profesorado se mantuvieron en cifras similares a las del año anterior: 16 cometidas por alumnos y 3 por familiares, frente a las 17 y 4, respectivamente, del curso 2022-2023. En el caso de las agresiones entre el propio alumnado, subieron de 19 a 21.
Para atender al profesorado víctima de todas estas situaciones, El Defensor del Profesor prestó asesoramiento general en 92 casos, asistencia jurídica en 64, información sobre la legislación en 37 y apoyo psicológico en 31. Destacan, asimismo, las cinco ocasiones en que ANPE se personó en juicio: dos acabaron en sentencias condenatorias –una por un delito de lesiones de un alumno mayor de edad a su tutora y otra por un delito de amenazas del padre de una alumna a la tutora de esta–; otros dos procedimientos se sobreseyeron –una acusación falsa de una madre a una docente por una agresión a su hijo y una presuntas amenazas de un alumno a su profesora–, mientras que el quinto –por un delito de injurias y calumnias de un youtuber a un colegio– está pendiente.
Reivindicaciones de ANPE
La presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera, sostiene que las causas de estos casos de conflictividad son múltiples. Señala, en este sentido, el peso de los condicionantes sociales, pero también la forma en que estos se afrontan desde el sistema educativo. A este respecto, insiste en que hacen falta más medios para responder de manera adecuada a la creciente complejidad y diversidad en las aulas.
No es posible atender de forma más individualizada al alumnado, como establece la normativa educativa, con el excesivo número de alumnos por docente que hay actualmente. Urgimo a la Administración educativa a poner en marcha un plan plurianual de reducción de ratios en todas las etapas que establezca mayores descensos en función del número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que haya en cada aula.
De igual forma, denunciiamos la saturación de tareas que sufren los especialistas de orientación educativa y abogamos por incrementar el número de estos profesionales, así como el de auxiliares educativos, dos colectivos clave para gestionar la convivencia en los centros.
En cuanto al aumento de los problemas relacionados con la salud mental entre el profesorado, el alto número de tareas burocráticas que hemos de realizar supone el factor adicional de estrés, que se suma al cada vez menor reconocimiento institucional y social a nuestra labor, a la pérdida de autoridad y a la reducción de poder adquisitivo desde los recortes de 2010.
Instamos nuevamente a la Consejería de Educación a simplificar el acceso de los docentes que lo necesiten a ayuda psicológica y jurídica, además de a evitar que un docente agredido o acosado tenga que continuar dando clase a su agresor, como sucede en muchas ocasiones.
Puedes consultar la memoria 2023-2024 de El Defensor del Profesor en Canarias en el siguiente enlace:
