Hemos presentado la ‘Memoria del Defensor del Profesor 2017/2018’, de la que extraemos 147 casos de intervención de nuestro sindicato ante llamadas a este servicio en Canarias, frente a los 155 del curso anterior, lo que supone un descenso que recupera la trayectoria positiva que el curso pasado rompió. De estos, 75 casos se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Su distribución por los diferentes niveles de enseñanza arroja las siguientes cifras: 12 casos en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, una en ciclos formativos y otra en el resto de enseñanzas.
Como nota a destacar, por tercer curso consecutivo las nuevas tecnologías se han erigido como principal método de actuación para realizar agresiones contra los docentes. De hecho, en este curso 2017/2018 los casos han aumentado, generando estados de opinión muy nocivos para el profesorado en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Han llegado a las 29 denuncias de esta índole. Asimismo, este año se han producido agresiones reiteradas de nuevo, con sanciones que se han exigido desde la Justicia, aunque en muchas ocasiones no superan los 100 euros, un aspecto que se debe mejorar. Sin embargo, como demuestra la sentencia aportada como prueba, consideramos un logro que los tribunales castiguen los actos de difamación en las redes sociales y que las penas impuestas hagan hincapié en la realización de tareas socioeducativas más que en el pago de una sanción económica exclusivamente.
Cabe recordar que a nivel nacional ya son trece años los que lleva en marcha este servicio en nuestro sindicato, contabilizando en total 34.717 docentes agredidos. Respecto al Archipiélago, éste sería nuestro décimo año desde su inauguración en 2008, con 1.286 casos en su haber. Este ha sido, para Canarias, el año de la decepción del sector educativo por el incumplimiento de la promesa de la Consejera de Educación. En noviembre de 2016, Soledad Monzón, ante el Pleno del Consejo Escolar de Canarias, se comprometió a transferir esta responsabilidad al ejecutivo regional y, de nuevo, la reiteró el pasado mes de abril en el Parlamento, sin que hasta la fecha la haya cumplido.
Algunas de las causas que favorecen esta violencia, según han detectado los dos responsables de El Defensor del Profesor en Canarias (Bernardo Huerga y Domingo Rodríguez) estriban en las elevadas ratios profesor/alumno, las escasas plantillas docentes y las insuficientes medidas de atención a la diversidad. Tampoco podemos olvidarnos del creciente número de familias desestructuradas, el aumento de la violencia de género en la adolescencia y la necesidad de un lenguaje correcto respecto a las nuevas tecnologías que esta larga crisis económica y de valores está generando en la sociedad isleña, cuyas derivaciones se reflejan directamente en las aulas con un efecto multiplicador sobre los problemas surgidos.
