Al menos 168 docentes sufrieron casos de acoso o agresión el curso pasado en el ejercicio de sus funciones, 21 más que en el curso anterior, cuando se contabilizaron 147, según los datos recopilados en la Memoria de El Defensor del Profesor 2018/2019, el servicio de asesoramiento jurídico y psicológico al profesorado agredido que ofrece ANPE Canarias. Del total de casos registrados, 81 tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 87 en la de Las Palmas. El sindicato con más representación en la enseñanza pública docente no universitaria de las Islas advierte de este preocupante repunte de casos de violencia en su último informe, hecho público hoy, y alerta de que han tenido especial protagonismo las conductas agresivas a través de las redes sociales -ciberacoso- y las denuncias infundadas, es decir, acusaciones falsas a docentes protagonizadas por familiares.
Entre los problemas relacionados con los padres, el sindicato destaca el aumento de agresiones de éstos u otros familiares a los docentes (4 casos frente a 2 del curso anterior), de acosos y amenazas (7 casos frente a 5) y las denuncias de los padres (26 frente a 13). Además, durante el curso 2018/2019 se detectaron al menos 11 situaciones en las que los docentes fueron presionados para que modificaran las notas de los alumnos.
El documento recoge datos desglosados por tipología de centro y por nivel de enseñanza. Así, 146 casos tuvieron lugar en centros públicos, 11 en concertados y ninguno en centros privados (en el resto de casos -11- los docentes prefirieron no aportar datos). Por etapas educativas, 21 casos se registraron en Infantil, 50 en Primaria, 60 en Secundaria, 26 en Formación Profesional Básica y 3 en ciclos formativos. Las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Enseñanzas para Adultos no contabilizaron ninguno.
El Defensor del Profesor es un recurso de atención inmediata y gratuita que ofrece ANPE a los docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. En Canarias se implantó en 2008, pero a nivel estatal empezó a funcionar unos años antes, en 2005. En la actualidad está disponible en todas las comunidades autónomas para todo el profesorado que lo requiera. En todo el país, ANPE prestó asistencia el curso 2017/2018 a 2.174 docentes. En todos sus años de existencia, El Defensor del Profesor ha asistido a casi 37.000 profesionales de la enseñanza en toda España.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, subraya que desde hace años la cifra de docentes que sufren agresiones se ha mantenido relativamente estable. “Nos preocupa mucho que no seamos capaces de conseguir rebajar el volumen de casos. De hecho, si nos fijamos en el último curso vemos incluso un incremento, lo que indica que las situaciones de conflictividad en las aulas están lejos de erradicarse”, señala. En este contexto, recuerda que el Gobierno autonómico anterior incluyó el asesoramiento jurídico y psicológico a docentes en su plan para mejorar el reconocimiento social y económico del profesorado canario, dando así respuesta a una demanda histórica de este sindicato, pero abandonó el poder sin hacer realidad esta promesa. “Instamos al nuevo equipo a hacer suyo el borrador de orden trabajado en la anterior legislatura, ya que contiene las aportaciones de todos los sindicatos, y a poner en marcha, por fin, esta necesaria prestación. Institucionalizar este servicio no será una victoria de ANPE, sino una conquista de todos los docentes”.
Desde el año 2008, cuando se puso en funcionamiento esta herramienta en Canarias, la organización sindical ha denunciado las conductas contrarias a la convivencia que tienen lugar en los centros escolares del Archipiélago. La irrupción de las redes sociales ha hecho que, desde hace al menos cuatro cursos, plataformas como Facebook o WhatsApp se usen para difamar y ridiculizar a los docentes. Este último año, además, el sindicato ha detectado cómo crecen las denuncias infundadas por parte de padres hacia profesores. En estos 11 años se ha asesorado y acompañado en un total de 1.464 situaciones de violencia.
La presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera, valora las sentencias que ha ido ganando el sindicato en distintas instancias judiciales, ya que estas victorias son la mejor forma de demostrar a la ciudadanía que esta realidad existe y que “no sale gratis” agredir a un docente. En su opinión, las nuevas sentencias dan un paso más al incluir, además de una compensación económica para la víctima, la obligación de los alumnos condenados de realizar horas de servicio a la comunidad. “Lo verdaderamente importante es que logremos la reinserción de estos jóvenes”, destaca.
El Defensor del Profesor en Las Palmas de Gran Canaria, Bernardo Huerga, añade, como dato significativo, el efecto que está teniendo el déficit de orientadores en las aulas de Primaria. “Este curso hemos detectado un aumento importante del número de consultas relacionadas con conflictos en el aula en etapas muy tempranas. El déficit de orientadores que sufren las islas genera una acumulación de los casos de niños con necesidades especiales que necesitan con urgencia un informe piscopedagógico, con el fin de que los docentes puedan intervenir de manera más eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje y dar respuesta a esas necesidades o bien derivarlos a centros específicos”.
Por su parte, El Defensor del Profesor en Santa Cruz de Tenerife, Domingo Rodríguez, pone el foco en el volumen de denuncias infundadas y su efecto en el clima escolar. “Es necesario que padres y madres, en vez de ponerse de frente, se pongan del lado del docente y tengan una comunicación fluida que evite los malentendidos y dé respuestas a dudas creadas en torno a las metodologías pedagógicas aplicadas, para conseguir, con un trabajo colaborativo entre la familia y la escuela, el objetivo último de la educación, que no es otro que formar a ciudadanos responsables”.
