La reciente filtración a la prensa de un informe de la Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el que se define como “accidente” y “riesgo inherente a su profesión” una agresión sufrida por un profesor en el ejercicio de sus funciones, en un centro educativo de la provincia de Jaén, ha suscitado la lógica indignación entre el colectivo docente y el estupor de la opinión pública en general.
Para ANPE, dichas afirmaciones, que pretenden respaldar la negativa de la administración educativa andaluza a abonar una indemnización solicitada por el docente agredido, son totalmente intolerables, así como un perfecto botón de muestra de la perversa candidez con la que la Junta de Andalucía ha afrontado hasta ahora el problema de la violencia que sufre el profesorado.
Desde hace años, ANPE lleva denunciando esta problemática a través de su servicio El Defensor del Profesor y reclamando en vano a los gobernantes andaluces la promulgación de una Ley de Autoridad del Profesorado similar a las existentes en otras comunidades. Una ley que unifique la dispersa normativa existente y que otorgue respaldo legal y moral a los docentes que trabajan día a día por un futuro mejor para las nuevas generaciones de andaluces.
En una coyuntura en la que se prevén profundos cambios en la vida política de nuestra comunidad autónoma, ANPE exigirá al nuevo gobierno andaluz, sea del color que sea, que afronte al fin esta urgente demanda de una Ley de Autoridad del Profesorado.
Sevilla, 10 de diciembre de 2018.
Secretaría de Comunicación de ANPE-ANDALUCÍA
